Medidas COVID-19 ¿Estoy obligado a presentar la declaración de renta del 2020? El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de siete medidas adoptadas durante la pandemia que podrían afectar al importe de la declaración de la Renta de 2020.

En la mayoría de las pólizas que suscribimos con las aseguradoras que dan cobertura a las viviendas, vehículos o responsabilidad civil, las aseguradoras asumen el pago de las minutas de honorarios de abogado y facturas de gastos de procurador o peritos, si era ella quien asumía la dirección técnica y jurídica. Sin embargo, cuando dan la opción de que Sea el asegurado el que libre y voluntariamente elija a los profesionales que le defiendan y representen, se suele fijar un límite, es decir una cantidad máxima por siniestro que pagaría la aseguradora.

El pasado 30 de diciembre de 2019 se aprobó la Ley 9/2019 que ha modificado (otra vez) la LEY URBANÍSTICA VALENCIANA (LOTUP) y que completa la modificación que ya se hizo de la LOTUP el pasado mes de febrero de 2019 (Ley 1/2019), y que PERMITE A LOS PROPIETARIOS DE EDIFICACIONES Y VIVIENDAS EN SUELO NO URBANIZABLE (suelo rural o rústico) LEGALIZARLAS, mediante un nuevo instrumento que han denominado MINIMIZACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL EN LOS SUELOS NO URBANIZABLES.

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La Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2015, ha confirmado la abusividad de la cláusula que obliga al prestatario (quién recibe el préstamo), a pagar todos los gastos de constitución de hipoteca que se puedan originar para formalizar la misma y darle publicidad en el Registro de la Propiedad, incluidos los gastos originados por la gestoría contratada por el Banco.

Si tienes dudas, lo que tienes que hacer es revisar la escritura de préstamo hipotecario (ojo, no la escritura de compraventa, sino la de préstamo hipotecario). La verdad es que deberás leer con atención pues es una cláusula que en la mayoría de los casos pasa desapercibida entre un montón de información. Lo habitual no obstante es que esté en el apartado relativo al tipo de interés pactado y suele aparecer como "límites a la aplicación del tipo de interés variable", "límite de variabilidad" o "límite al tipo de interés variable".

En BONOYCASTILLO aconsejamos siempre que se intente la eliminación de la cláusula de manera extrajudicial, a través de un escrito dirigido a la entidad bancaria para que haya constancia.

El Código de Buenas Prácticas lleva en vigor algo más de tres años y medio y en ese plazo muchas familias han solicitado acogerse al mismo con el fin de aliviar su deuda hipotecaria, ya sea reestructurando lo que pagan de hipoteca (pagar menos al mes), negociando alguna quita o a través de la dación en pago (esto es entregando la vivienda al banco en pago de lo debido, extinguiéndose en este caso la deuda).

El contenido de estos acuerdos, tomados en un momento en el que impera sobre todo la sensatez,nos pueden ayudar a evitar determinados conflictos en decisiones fundamentales que afectan a nuestra vida.

La Ley 42/1025 de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, modifica el art. 1964 CC y establece que las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los 5 años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o de no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

En primer lugar siempre aconsejamos un intento amistoso de cobrar la renta y seguidamente, una reclamación extrajudicial (telegrama o burofax).

La reciente STS 1748/2017, de 20 de abril, caso Abanca, dictada a propósito del registro de jornada a tiempo completo, ratifica la doctrina principal de la STS 246/2017 de 23 de marzo, en el sentido de entender que no resulta deducible del art. 35.5 ET la obligación de registro de la jornada a tiempo completo en las empresas en las que no se realicen horas extraordinarias.

La venta de un inmueble acarrea, entre otros impuestos, el pago de la llamada PLUSVALÍA o IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Ante el impago de la pensión de alimentos a favor de un hijo menor de edad, establecida por sentencia de divorcio, separación o medidas, se puede solicitar al Estado que nos abone, hasta 100 euros al mes por hijo, a cuenta de esa pensión.

¿Cómo restringe el Derecho la sucesión en una empresa?