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HOY ENTRA EN VIGOR EL RD 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULA SUELO

El gobierno español regula el procedimiento extrajudicial y relativamente sencillo para que los perjudicados por la cláusula suelo recuperen las cantidades satisfechas en exceso.
Teresa Castillo Busto | 23/01/2017

Como introducción, continuamos y ampliamos nuestro artículo del pasado 21 de diciembre, día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó Sentencia en el sentido de señalar que la nulidad de la cláusula suelo implica necesariamente la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas como consecuencia de su aplicación.

La aplicación de esta  Sentencia abre para el consumidor afectado por la aplicación de las cláusulas suelo varias vías de solución para la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente. 

Desde nuestro despacho, le ofrecemos el apoyo y asesoramiento necesarios para conseguir  la devolución de lo pagado de más, tanto en aquellos casos en los que resulte viable la negociación extrajudicial, como en aquellos en los que sea necesario el  recurso a la vía judicial.

 ¿A QUIEN AFECTA LA SENTENCIA?

Una cláusula suelo es declarada nula cuando no supera los requisitos de transparencia, es decir, el usuario de banca no fue debidamente informado de las consecuencias de dicha cláusula, ni se negoció individualmente, estos requisitos fueron señalados por la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

En la práctica,  esto supone que la inmensa mayoría de las operaciones suscritas están afectadas por el contenido de esta Sentencia, ya que son muy pocas las cláusulas  suelo que superan dichos requisitos.

Además de ser necesario que la cláusula pueda ser considerada como nula siguiendo los criterios del Tribunal Supremo, existen multitud de situaciones  sobre las que se plantean dudas en la aplicación de esta Sentencia.

No parece problemática la situación de aquellos que hubieran suscrito  un préstamo en el que se incluyera esta cláusula cuando aún no hubieran presentado la demanda correspondiente. En estos casos la viabilidad de la demanda no plantearía en principio dificultad alguna.

Más problemática parece la situación de aquellos que ya plantearon la demanda correspondiente  habiendo quedado resuelto el procedimiento en cuestión, ya sea por acuerdo entre las partes o por Sentencia que únicamente reconociera la devolución desde el mes de mayo de 2013 o incluso sin devolución alguna. En estos casos, existiendo Sentencia firme y cosa juzgada, no resulta en principio viable la presentación de demandas en relación a la devolución de cantidades derivadas de la nulidad ya declarada.

Respecto a aquellos que suscribieron acuerdos por los que dejaba de aplicarse la cláusula renunciando al ejercicio de acciones  judiciales en relación a las cantidades satisfechas indebidamente o a parte de ellas,  la cuestión que se debate a nivel doctrinal y Jurisprudencial  es si  estos pactos son válidos o no, a la vista del contenido del artículo 10 de  la Ley de Consumidores y Usuarios, que  establece:

La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.

Teniendo en cuenta que entre los derechos de los consumidores se encuentra recogido en el artículo 8.f  “La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión” podríamos entender que el pacto previo que implicase la renuncia al ejercicio de acciones resultase nulo, quedando abierta la vía judicial para la correspondiente reclamación.

Por otro lado, no todos los acuerdos se redactan de igual forma ni tienen el mismo contenido pudiendo entenderse, en algunos casos, como auténticas renuncias al ejercicio de acciones judiciales y en otros casos no.

En este momento son cada vez más las Sentencias judiciales que anulan este tipo de pactos, permitiendo el ejercicio de acciones a los afectados. No obstante, existiendo sobre este punto notables discrepancias, habrá que estar a lo que se establezca por parte de cada Juzgado o Tribunal en cada caso concreto, actuando con la debida prudencia.

Por otro lado, respecto a aquellos afectados que ya hubieran cancelado su préstamo hipotecario, aún pueden estar en plazo para reclamar, si no han transcurrido cuatro años desde la cancelación,  tal y como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de  Valencia, sec. 9ª,  de 27-10-2014, nº 295/2014.

 ¿QUÉ IMPORTES PUEDO RECLAMAR?

Con anterioridad a la  sentencia  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, la gran mayoría de Juzgados y Tribunales  se sometieron al criterio establecido por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 24 de marzo de 2015, en el que establecía que la devolución de cantidades satisfechas indebidamente por el cliente afectado por las cláusulas suelo debía limitarse a aquellas cantidades abonadas con posterioridad a la Sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2013 por este Tribunal.

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a corregir este criterio señalando que la devolución debe alcanzar a la totalidad de las cantidades satisfechas por el cliente desde el inicio del préstamo,  lo que supone un notable incremento de las cantidades a reclamar. Pensemos que la mayor parte de préstamos afectados, comenzaron a  sufrir los perjuicios derivados de la aplicación de estas cláusulas  a partir del año 2009, por lo que el efecto de la Sentencia es la posibilidad de recuperación adicional de las cantidades abonadas en exceso  desde el año 2009  hasta el mes de  mayo de 2013. Hablamos de la devolución de  aproximadamente cuatro años, hasta el mes de mayo de 2013, lo que en un préstamo medio  de 150.000 de capital y con un suelo del 3,5%  puede suponer una cantidad a reclamar de aproximadamente 6.000 €, importe que se sumará  a las cuotas satisfechas con posterioridad a mayo del año 2013. 

 ¿ES NECESARIO ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL?

Con fecha 21 de enero de 2017, se ha publicado el Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que viene a establecer un procedimiento sencillo de recuperación de las cantidades satisfechas en exceso.

 ¿En qué consiste el procedimiento extrajudicial?

El Real decreto Ley aprobado establece que:

 1º.-El procedimiento se iniciará mediante la presentación de una reclamación ante la entidad, que se deberá resolver  en el plazo máximo de tres meses. Recibida la reclamación, la entidad deberá comunicar al cliente si, desde su punto de vista, procede o no la devolución, y en caso afirmativo, informando de la cantidad a devolver, con el desglose de los intereses correspondientes  a cada importe satisfecho en exceso. En caso de que la entidad entienda que no es procedente la devolución  deberá motivar su decisión en la comunicación al cliente.

2º.- En el caso de que el cliente esté conforme con el cálculo efectuado por la entidad, deberá manifestarlo, lo que dará por concluido el procedimiento.

3º.- El plazo máximo para que  se alcance el acuerdo y se ponga a disposición del cliente el efectivo resultante, será de tres meses desde la presentación de la reclamación

El procedimiento se dará por finalizado si:

a) Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.

b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante.

c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida.

d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

 4º.- Este procedimiento no es de utilización obligatoria para el afectado, que podrá acudir directamente a la vía judicial. En caso de que  el cliente ya haya presentado reclamación y se encuentre pendiente de respuesta, no deberá acudir a la vía judicial, y si lo hace  la presentación de una reclamación judicial sobre este mismo tema supondrá la suspensión del procedimiento judicial en tanto se resuelva la reclamación extrajudicial.

 ¿Deben devolverme el dinero en efectivo?

El Real Decreto Ley establece la obligatoriedad de la devolución en efectivo, salvo que el cliente acepte alguna medida compensatoria distinta al pago en efectivo. A tal efecto, una vez  se haya acordado la cantidad a devolver, se podrá, siempre de común acuerdo, establecer la posibilidad de que dicha devolución se realice mediante una medida compensatoria diferente al dinero efectivo, que podría ser, a modo de ejemplo, la reducción del capital pendiente o la adquisición de productos bancarios por importe igual al de la devolución. En este caso la entidad de crédito deberá suministrar al cliente una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince días para que manifieste su conformidad.  La aceptación de la medida compensatoria deberá ser manuscrita y en documento aparte.

 ¿Qué ocurre si existe ya un procedimiento judicial en curso sobre este tema?

En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, las partes de común acuerdo se podrán someter al procedimiento extrajudicial, solicitando la suspensión del proceso, continuando el proceso en caso de no alcanzar un acuerdo.

 ¿Cuál es el coste del procedimiento?

La norma establece que el procedimiento será gratuito estableciéndose unos aranceles mínimos en el caso  de que el acuerdo se eleve a escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad.

La gratuidad del procedimiento se refiere a aquellos casos en los que el consumidor acuda personalmente a la entidad a tramitar la reclamación y mantenga las negociaciones correspondientes de forma personal. No obstante, recomendamos que en este tipo de procedimientos  se acuda al consejo y apoyo de un abogado especializado en la materia, pues es necesaria la labor de negociar con la entidad, labor que implica: analizar si nos encontramos o no ante un supuesto de devolución, efectuar los cálculos correctos de la cantidad a devolver y comprobar la que nos ofrece la entidad y por qué conceptos y analizar e interpretar la documentación que la entidad ponga a nuestra disposición, y sus consecuencias, aceptando o no el acuerdo final. 

  ¿Cuál es el tratamiento fiscal de las devoluciones?

En aquellos casos en los que  el  afectado hubiera practicado deducción por inversión en vivienda habitual durante los sucesivos años en los que abonó intereses en exceso,  deberá regularizar esta situación en su declaración de renta correspondiente al ejercicio en el que se alcance el acuerdo, declarando en éste aquellas cantidades que se dedujo en exceso. En la práctica, si se pagaron  en exceso 6.000 euros, y ahora se devuelven, el coste fiscal en el ejercicio en el que se alcance el acuerdo estará en torno al 15% de este importe.  No obstante, hay que tener en cuenta que aquellos 6.000 euros generan a su vez intereses por cada uno de los años que hayan transcurrido, y que también serán objeto de pago al cliente afectado, lo que paliará el efecto fiscal  de la devolución, teniendo en cuenta, además, que la regularización fiscal solo se refiere al principal de la devolución, no a los intereses.

 ¿Cómo podemos ayudarle desde nuestro despacho?

BONO Y CASTILLO ASOCIADOS, S.L.P, desde hace ya cuatro años, venimos planteando reclamaciones relacionadas con cláusulas suelo, tanto a nivel judicial como extrajudicial, habiendo resuelto satisfactoriamente la práctica totalidad de las reclamaciones presentadas.

Respecto a las nuevas reclamaciones a plantear tras la Sentencia, nuestro enfoque  inicial es el de evitar al cliente  gastos innecesarios, planteando en principio reclamaciones extrajudiciales ante las diferentes entidades, y estando a la espera del resultado de las mismas para decidir sobre el posible inicio de acciones judiciales. 

Esperamos que la abrumadora cantidad de condenas a las entidades bancarias que se vienen produciendo en relación a la nulidad de la cláusula, unidas al efecto de la  reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  y la puesta en marcha de los mecanismos previstos en el RDL 1/2017 haga ver a las diferentes entidades la inconveniencia de  acudir a la vía judicial,   y facilite una devolución rápida  de las cantidades debidas.

Desde BONO Y CASTILLO ASOCIADOS, S.L.P nos ponemos a su disposición, tanto para plantear reclamaciones extrajudiciales ante las diferentes entidades, como para la interposición de las demandas que resulten necesarias así como para informar de las repercusiones fiscales del acuerdo o la resolución del procedimiento judicial. 

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