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REDUCCIÓN DE 2500,00 A 1000,00 EUROS DEL LÍMITE LEGAL PARA EL PAGO EN EFECTIVO EN OPERACIONES COMERCIALES EN LAS QUE INTERVENGA UN EMPRESARIO O PROFESIONAL

DESDE EL DÍA 11 DE JULIO DE 2021, EN AQUELLAS OPERACIONES COMERCIALES EN LAS QUE INTERVENGA UN EMPRESARIO O PROFESIONAL SE HA DISMINUIDO EL LÍMITE GENERAL DE PAGOS EN EFECTIVO DE 2.500,00 A 1.000,00 EUROS. ASIMISMO, CUANDO EL PAGADOR SEA UNA PERSONA FÍSICA QUE JUSTIFIQUE QUE NO TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN ESPAÑA Y NO ACTÚE EN CALIDAD DE EMPRESARIO O PROFESIONAL SE HA REDUCIDO DE 15.000,00 A 10.000,00 EUROS
Teresa Castillo Busto | 12/07/2021

En el BOE del pasado día 10 de junio se publicó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

La limitación de pagar en efectivo opera cuando el importe de la operación supera los 1.000 euros, lo que significa que si  el precio de cualquier compra o servicio es de más de 1.000 euros no se puede entregar o recibir ningún importe en efectivo, incluso aunque la operación se pagara a plazos.

Sin embargo, dos particulares sí que podrán realizar operaciones por debajo del límite de 10.000 euros en efectivo.

Es importante tener en cuenta que la norma considera infractor tanto a las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación.

La sanción será única por operación y responderán de forma solidaria el pagador y el que recibe el dinero. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos, siendo el importe de la sanción de un 25 por ciento de la cuantía pagada en efectivo.

Como cualquier otra sanción de carácter tributario, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución implicará la terminación del procedimiento con las siguientes consecuencias:

  • La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción.
  • La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas, se tendrán por no presentadas.
  • La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago.
  • El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La interposición de recurso contencioso-administrativo supondrá la pérdida de la reducción aplicada, que se exigirá sin más trámite que la notificación al interesado.

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